“Hay una serie de concesiones en la que no hemos despertado todavía, de lo que representó esa reforma constitucional, especialmente para los periodistas para fortalecer el sistema de debate público”, puntualizó el experto en Derecho Constitucional.

Santo Domingo, República Dominicana. (Septiembre de 2021).  El periodista y abogado Namphi Rodríguez afirmó que a partir de la Constitución de 2010 el país dio un salto cualitativo en término de su ordenamiento jurídico, y en el caso de los periodistas y las periodistas otorga concesiones importantes como el secreto profesional y la cláusula de conciencia, aspectos novedosos en el contexto del constitucionalismo latinoamericano.

“Eso es inusitado constitucionalmente, secreto profesional he visto en la Constitución Argentina, en muy pocas, dos o tres constituciones”, expresó Rodríguez en su exposición en las clases virtuales del Diplomado Periodismo Ético. Precisó que la cláusula de conciencia y el secreto profesional solo pueden ser ejercidos por la clase profesional periodistas y no por toda la ciudadanía.

“A un ciudadano lo pueden obligar a revelar la fuente (en un tribunal), a un periodista no, porque la Constitución consagró el secreto de la fuente a favor de los periodistas”, especificó el experto en Derecho Constitucional durante la capacitación organizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Periodistas.

Rodríguez manifestó que esas son concesiones que ni aún la clase periodística se ha dado cuenta que en esa reforma constitucional se le otorgaron. “Son concesiones muy importantes, muy novedosas en el contexto del constitucionalismo latinoamericano”, enfatizó el catedrático universitario.

Reiteró que solo en la constitución argentina se ha encontrado con secreto profesional, no con cláusula de conciencia. “Hay en eso una serie de concesiones en la que no hemos despertado todavía, de lo que representó esa reforma constitucional, especialmente para los periodistas para fortalecer el sistema de debate público”, puntualizó.

En otro aspecto, precisó que tiene que ver mucho el acceso a la información con un trabajo multidisciplinario, donde intervienen equipos de diferentes áreas del conocimiento para construir grandes historias.

Aclaró que la libertad de expresión es genérica de la ciudadanía y la libertad de información es especializada de los periodistas.

El periodista y abogado abordó las facultades de la libertad de expresión como lo consigna la Constitución. Mencionó la facultad de recibir información, de buscar información y de difundir información. “Esa es la típica libertad de expresión difundir información, cualquier tipo de información, opiniones, noticias, y cualquier tipo de discurso”, detalló Rodríguez.

También se refirió a la libertad ideológica como una cuarta facultad dentro de la libertad de expresión. “En eso se fundamenta la cláusula de conciencia de los periodistas”, afirmó el periodista y abogado.

Explicó que la cláusula de conciencia es una concesión del poder político que no es tan común en las constituciones y que ni siquiera la propia clase periodística la entiende muy bien todavía. Indicó que esta es una cláusula ideológica que tiene que ver con la independencia, seguridad y estabilidad laboral y económica.

Agregó que con la cláusula de conciencia, si en un medio de comunicación se presenta una situación adversa a la trayectoria del periodista y en aras de preservar su credibilidad y proteger su independencia puede renunciar y hay que concederle sus prestaciones laborales como si lo hubiesen despedido. La clausula de conciencia la consigna el artículo 49 en su punto 3 de la Constitución.

Un Estado social

Rodríguez precisó que el viejo estado de derecho francés que había tenido el país, proclamado en 1789 con la Revolución Francesa fue transformado en el 2010 después de 38 constituciones en lo que se conoce como un Estado social.

El experto en derecho constitucional explicó que el Estado social es un modelo que surge en Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial que promueve derechos económicos y sociales y pone en el centro del pensamiento de la Constitución al ser humano, ya no a los poderes públicos.

Citó el derecho a la seguridad alimentaria, vivienda, educación, salud y un catálogo de derechos económicos que van a impactar directamente a la situación de calamidad que vivió Europa.

Indicó que en Europa es el llamado Estado de Bienestar y la segunda generación que son los derechos económicos y sociales.

Luego, mencionó los dos grandes pactos de 1966: el de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales que van a configurar el Sistema de Naciones Unidas.

“Ahí fue donde nosotros llegamos en 2010, es decir, 70 años después que ese fenómeno se dio en Europa, en República Dominicana el Constitucionalismo llega al Estado social, había vivido en el Estado de derecho”, dijo Rodríguez.

El periodista y abogado explicó que ese Estado social tiene serias implicaciones, no solamente desde el punto de vista de los derechos sociales, sino que se enmarca en lo que se conoce como el neoconstitucionalismo, es decir, la sumisión de todo el ordenamiento jurídico a la Constitución.

Sostuvo que por esa razón se crea un Tribunal Constitucional que está en la cúspide del ordenamiento dominicano y en ese contexto se van a reforzar los llamados derechos fundamentales que son los mismos derechos universales.

El periodista y abogado mencionó que se propuso la tarea de difundir derechos fundamentales en la República Dominicana con muchos logros importantes desde el punto de vista de la academia, de las comunicaciones, sentencias en el Tribunal Constitucional y litigios.

“Participar en la cátedra del diplomado es un honor y parte de esa agenda de construcción de lo que se llama el Estado social de República”, afirmó.

Perfil de Rodríguez

Namphi Rodríguez es abogado y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla- La Mancha, Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, y Maestría en Ciencias Políticas, por la UNPHU.

Es investigador asociado de los temas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho de las Telecomunicaciones y Propiedad Intelectual de las Fundaciones Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

Autor de Libros “Derecho de la Información” Hacía un Nuevo Régimen Jurídico de los Medios de Comunicación, 2da. edición, 2008, El Derecho a la Intimidad, 2016, Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario, 2018. Desarrolla una investigación sobre: El Control Constitucional de los Estados de Excepción. Además, fue director ejecutivo Comisión Presidencial para la Redacción del Código de la Comunicación, (2005-2007); y, director ejecutivo Comisión de la Cámara de Diputados para la Armonización Constitucional y Legal, (2017-2018).

Es catedrático de Derecho Constitucional a nivel de grado y de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).